MOGÁN RECURRIRÁ LA SENTENCIA QUE ANULA LA TASA TURÍSTICA POR SU VAGUEDAD TÉCNICA

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y el director general de Gestiona Mogán, Eduardo Álamo, ofrecieron este martes una rueda de prensa para valorar la sentencia del TSJC, que estima el recurso de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) y declara nula la ordenanza conocida de la conocida como tasa turística de Mogán. Ambos subrayaron que el fallo judicial no se ajusta a la realidad del tributo, ignora la capacidad normativa de las entidades locales y pasa por alto la documentación técnica aportada por el Ayuntamiento.

Bueno ha rechazado la afirmación del TSJC de que las entidades locales solo pueden incrementar gravámenes existentes o crear impuestos. Según explicó, la legislación vigente permite a los municipios crear nuevas tasas siempre que cumplan los requisitos legales, como, sostienen, ocurre en este caso. Además, citó como ejemplo la ecotasa creada y aplicada por el Cabildo de Tenerife, que, a su juicio, demuestra que las administraciones locales sí pueden establecer tributos finalistas vinculados a la prestación de servicios, especialmente en materia de sostenibilidad y gestión de recursos naturales.

Por otro lado, la alcaldesa destacó que el propio fallo admite que los tributos locales pueden ser instrumentos eficaces para orientar la actividad económica hacia modelos menos lesivos para el medio ambiente y califica de “loable” el esfuerzo de Mogán por avanzar hacia una tributación verde. Sin embargo, la sentencia termina calificando la tasa como recaudatoria sin aportar prueba alguna, contradiciendo su propio reconocimiento previo de la finalidad sostenible del tributo.

El magistrado sostiene que los servicios incluidos en la tasa son “ambiguos”. Sin embargo, Álamo explicó que el hecho imponible se define de forma precisa por servicios sostenibles y esenciales que el Ayuntamiento presta de manera efectiva al turista. En concreto, el ciclo integral del agua –abastecimiento y depuración del agua consumida–; la economía circular –recogida y tratamiento de residuos generados–; y la promoción turística sostenible –acciones para mantener un destino competitivo y responsable–.

Actualmente, estos servicios son sufragados únicamente por los residentes, lo que genera un desequilibrio que la tasa pretendía corregir. Por este motivo, el Consistorio rechaza de forma categórica la afirmación de que la tasa constituye un instrumento de financiación general e insiste en que la sentencia no aporta ningún elemento probatorio que sustente esa conclusión.

La tasa, recalcó Álamo, se diseñó para equilibrar los costes reales de los servicios asociados al turismo. Esta establece un importe de 0,15 céntimos por persona y día de pernoctación en alojamientos turísticos, una cuantía mínima calculada tras un estudio pormenorizado que determinó que los servicios municipales afectados por la actividad turística y la sostenibilidad tienen un coste anual de 2.716.402,40 euros. Dado que los turistas representan el 44,75% del uso de esos servicios, les corresponde financiar 1,2 millones de euros. Al dividir esa cantidad entre los 365 días del año y entre las 21.575 plazas alojativas ocupadas de media en el municipio se obtiene la cuota establecida.

En ningún momento el objetivo fue generar superávit, financiar otras actividades municipales o gravar al turista por el mero hecho de serlo. La tasa graba exclusivamente los servicios sostenibles que este recibe, tal como exige la normativa de las tasas y que, a día de hoy, tienen, como se ha indicado, un coste no financiado aproximado de 2,7 millones de euros.

En este contexto, la alcaldesa afirmó que Mogán seguirá defendiendo un modelo fiscal justo y que, por todo lo expuesto, el Ayuntamiento interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, previa evaluación técnica y jurídica exhaustiva de la sentencia por la Asesoría Jurídica general y la Asesoría Jurídica en materia tributaria. El Consistorio dispone de un plazo de 30 días para presentarlo.

Además, Bueno recordó que la tasa continúa en vigor hasta que no exista una sentencia firme, y que los cerca de 1,4 millones de euros recaudados hasta el momento permanecerán congelados hasta entonces.